Compromisos mínimos e inmediatos para la gobernabilidad

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opinion

Publicado 03-12-20

Jose Rubén Zamora

  1. Encontrar una fórmula legal, para que, en todo caso prevalezca el Presupuesto de 2019, sin las ampliaciones que tuvieron origen debido a la pandemia del coronavirus. Eliminar del Presupuesto las asignaciones a los Consejos de Desarrollo, que alcanzan los Q4 millardos, que tienen como destino los bolsillos de diputados, alcaldes, gobernadores y narcocontratistas, que únicamente utilizan las obras que les adjudica el propio Estado de Guatemala, para lavar su dinero proveniente del narcotráfico.
  2. Comprometerse a confeccionar un programa riguroso y radical para eliminar el 24 por ciento de plazas fantasma, que existen en las instituciones del Estado, que representan un robo de Q588 millones y declarar lesivos a los intereses del Estado los pactos colectivos con los sindicatos, fundamentalmente, los de los ministerios de Educación y Salud y del Congreso de la República, que carecen de justificación.
  3. Cerrar el Ministerio de Desarrollo, que solo es un instrumento efectivo, para robar Q7.6 millardos al Estado de Guatemala.
  4. Eliminar el Centro de Gobierno, por superfluo e innecesario y porque usurpa y duplica las funciones de la Vicepresidencia y del Gabinete de Ministros, sin ninguna responsabilidad, ni rendición de cuentas.
  5. Reducir el Presupuesto del Congreso, que supera escandalosamente los mil millones de quetzales (Q1 millardo), en un 60 por ciento.
  6. Eliminar del Presupuesto el aumento que se autorrecetó el Congreso por Q155 millones, los Q13 millones destinados para el Parlacen, institución de la que Guatemala debe desligarse con sentido de urgencia, la supresión de todos los “asesores” del Estado y sus instituciones (renglón 029) por superfluos, accesorios y totalmente prescindibles, dejar de pagar indemnizaciones ilegales a funcionarios cuyos periodos fijos simplemente fenecen y jamás han sido ni serán despedidos, eliminar del Presupuesto los Q1.7 millardos asignados al Listado Geográfico de Obras, que terminan en los bolsillos de oenegés y empresas de los diputados.
  7. Que a todos los dignatarios, funcionarios y empleados del Estado, que ganan arriba de Q15 mil, comenzando por el propio presidente Giammattei y sus ministros, las altas cortes en pleno, el presidente, la Junta Directiva y los presidentes de comisiones del Congreso, los miembros de la Comisión de Energía Eléctrica, se reduzcan sin contemplaciones sus sueldos, salarios, dietas y bonos en 30 por ciento.
  8. Que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el propósito de restablecer la independencia y autonomía del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y, por lo tanto, garantizar la justicia, transparencia, credibilidad y reputación de la autoridad electoral. Debe forzarse, sin demora, la renuncia de los impresentables magistrados del TSE, que contradictoria e inexplicablemente, lejos de cancelar como es su obligación, a la mayoría de los narco cleptopartidos políticos –que por cierto en multas adeudan Q22.8 al propio TSE– incluso pretende, ilegal y servilmente, pagarles la “deuda política” por más de Q82.2 millones.
  9. En tanto, no se reforme la Ley de la Contraloría General de Cuentas, de suerte que se establezca su autonomía e independencia financiera y política, y, por lo tanto, pueda jugar el papel de contrapoder eficaz y esté en posición de exigir una rigurosa rendición de cuentas y genuina transparencia del Estado y sus instituciones, que se cierre sin demora, pues solo sirve de tapadera y alcahueta, de la desvergonzada, incesante y cínica corrupción exponencial que los ciudadanos perplejos observamos todos los días. El cierre de la superflua, ineficaz y accesoria Contraloría General de Cuentas de la Nación representaría un ahorro neto de alrededor de Q855.8 millones, que hoy día se despilfarran sin sentido alguno.
  10. Destituir de inmediato al Ministro de Gobernación, por la autoría intelectual de las prácticas de terrorismo de Estado, en contra de la manifestación y de las instalaciones de la cueva de ladrones, corrupción e impunidad, que conocemos como el Congreso de la República.
  11. Proceder de inmediato a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, excluyendo a los aspirantes que fueron señalados por las investigaciones del Ministerio Público.
  12. Que el Pacto de Corruptos, encabezado por el Presidente de la República, deje de conspirar contra la Vicepresidencia, el Ministerio Público, específicamente contra la FECI, contra la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos, instituciones que, en su mayoría, tendrán penetradas y controladas en 2021 y no tiene sentido, por unos cuantos meses, erosionar y vulnerar su institucionalidad, por deseos enfermizos y mezquinos que responden a satisfacer venganzas personales.

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