El poder oligárquico en la Corte de Constitucionalidad

En las últimas semanas, algunos grupos han decidido impulsar a miembros del sector corporativo para ocupar el puesto vacante en la CC dejado por el lamentable fallecimiento del doctor Bonerge Mejía, quien representaba al CANG en dicho organismo. Mi preocupación –y no me ocupo aquí de los obvios problemas que plantean otros candidatos– radica en las perspectivas que la ideología empresarial puede llevar a dicho organismo.

Mi preocupación se basa en el hecho de que desde hace cuatro décadas las corrientes de la globalización neoliberal han socavado progresivamente el constitucionalismo democrático. Apenas importa que los representantes del neoliberalismo rechacen dicha denominación y se presentan como exponentes del liberalismo clásico. Ya no vivimos en el siglo XVIII cuando el primer liberalismo luchaba en contra del Estado absoluto. El problema ahora, como lo señala el constitucionalista Gustavo Zagrebelsky, es el poder oligárquico que se oculta detrás de una máscara democrática.

Para comprender dicho proceso de erosión constitucional debemos concientizarnos sobre la forma en que el constitucionalismo democrático se ha visto imposibilitado de sus promesas humanistas. Los “poderes salvajes” –como denomina Luigi Ferrajoli a los poderes económicos– han ido debilitando al Estado hasta el punto de que este ya no puede honrar los compromisos que le dan sentido a la democracia constitucional. Este es un proceso global que es, sin duda, más severo en Guatemala, en donde el Estado se ha convertido en la maquinaria institucional que asegura los privilegios históricos de las oligarquías.

La corrupción, desde luego, ha sido un problema grave para nuestra institucionalidad estatal. Sin embargo, existe otro tipo de corrupción estructural que se da cuando la Constitución es mediatizada por grupos que han asumido el paradigma nihilista de la ideología de mercado. De hecho, la desestructuración privatizadora del Estado ayudó al agravamiento de la corrupción, porque entonces se tomó conciencia de que había otra forma de piñatizar los bienes del Estado. Investigaciones recientes demuestran, en efecto, que el 97 por ciento de la corrupción mundial se concentra en el sector privado.

Aun con las excepciones del caso, como el de la presente CC, las cortes constitucionales no han logrado controlar lo que el constitucionalista mexicano Diego Valadés llama el “Estado intangible”, conformado por el poder económico que ha llevado a una precariedad insoportable a nuestras sociedades. El ejemplo vivo de la herida por la que se escapa la esperanza de nuestra sociedad es la espantosa crisis del COVID-19, la cual ha demostrado la poca preocupación de las mafias y oligarquías por el bienestar del pueblo.

Paradójicamente, la recuperación del constitucionalismo democrático nunca ha sido tan necesario para enfrentar la crisis decisiva de nuestro tiempo. La razón estriba en la presión que presenta no solo la vulnerabilidad de nuestra sociedad, sino también la misma supervivencia de la humanidad. La privatización del agua –defendida por algunas personas con presencia jurídica notable– pone en riesgo uno de los recursos fundamentales del que depende la vida en el planeta. No podemos condenar a las generaciones futuras a la sed, puesto que como lo dice Zagrebelsky, “la vida de los vivos hoy no es honesta si descuida la vida de los vivos mañana”. Espero, sin embargo, que aquellos con que disiento comprendan mi posición. 

Mi punto es claro: se debe evitar la cooptación economicista de la Constitución guatemalteca. Me preocupa que ahora que se habla de reactivar el poder constituyente por parte de los sectores populares, los poderes corporativos se movilicen para asegurar sus intereses. Tenemos que luchar por la vida: esta es nuestra misión.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *